La abogada Ana Rosenfeld es la encargada de defender los derechos de Tamara Paganini, Lorena González, Alejandro Restuccia, Verónica Zanzul, todos de GH 1, y Máximo Sacca, de GH 2.
Sus contratos eran lesivos al honor y las buenas costumbres, porque por un pago irrisorio ($ 500 semanales) se apropiaban eternamente de la persona. Al firmarlos, los participantes no tuvieron ningún asesoramiento letrado, y por la ambición de entrar firmaban cualquier papel. Fueron conejillos de Indias. Por entonces, ni se sabía cómo se elegía al ganador y hasta las votaciones eran ‘graciosas’, porque la gente llamaba ignorando que votaba a perdedor”, destaca Rosenfeld.
“Hasta el día de hoy no se sabe exactamente quién es el Gran Hermano. Realmente hay que aplaudir el concepto del formato, porque estamos a diez años de la primera versión, y todavía se sigue reeditando, lo que indica que estamos ante un gran negocio, pero con un costo muy alto que pagan los participantes de la casa”, dice sorprendida la letrada de los famosos.
La abogada aclara que no conoce las condiciones de los contratos del último Gran Hermano, aunque confiesa: “Hasta 2009 eran todos iguales”. Habla por sus cinco representados y no le caben dudas: “Al firmar, los chicos le vendieron su alma al diablo”.
Luego agrega que, “No es que fueron sólo cinco los que se rebelaron, sino que los otros se reubicaron en los medios. También me consultaron muchos que hoy son famosos, pero no hicieron juicio porque evaluaron que ir a Tribunales implicaba poner en riesgo su posible carrera artística”.
Además pone en tela de juicio la labor del equipo de psicólogos: “No se elige gente ‘normal’ y tranquila, sino que se buscan ‘borders’ que ante determinada situación puedan estallar una personalidad que ya de antemano la producción sabe que la tienen, para que salten a la luz estimulados por el ‘gran father’ y conviertan a la novela que se guiona dentro de Gran Hermano en un gran negocio”.
Fuente: Diario Perfil
